Exigen que las dejen trabajar de forma legal

Las trabajadoras sexuales en la pandemia: entre clandestinidad, persecución y riesgo

Las trabajadoras sexuales en la pandemia: entre clandestinidad, persecución y riesgo
domingo, 5 julio 2020 - 10:33 AM - Agencias


“Ejerciendo mi trabajo me expongo a muchos riesgos. El principal: a que me detenga la Policía. Lastimosamente, si me detienen, voy a tener que ir por un juicio abreviado, que son de tres a 10 años, y quedaré con  antecedentes”, relata Susana plenamente consciente de lo aventurado que es desempeñarse como trabajadora sexual en los tiempos que corren. “Pero es que el estómago de tus hijos no entiende ‘no hay comida’ o ‘hay pandemia’”.

Tiene 44 años, viste de pollera y es madre y padre  de cinco niños. Ante la pregunta de que si volvería a elegir ese oficio responde con contundencia -y sin pensarlo-: “De nuevo me dedicaría al trabajo sexual porque me ha permitido sacar a mis hijos adelante y darles una calidad de vida”.

Cuenta que antes había sido policía, enfermera y fabril. Cuando era fabril, dice, tenía que salir de casa cuando sus hijos todavía estaban durmiendo y volvía cuando llevaban un par de horas ya en la cama. Es decir, el trabajo le robaba todo su tiempo. Por esa razón, decidió apostar al mundo de la noche y los lenocinios.

“Siempre  dejo a los chicos cenados para que vayan a descansar y llego antes de que ellos despierten, así tengo la seguridad de que están en casa y seguros. Puedo pasar todo el día con ellos y llevarlos al colegio”, explica Susana sobre una realidad que poco o nada se parece a la de ahora.

Los establecimientos en los que trabajaba, al igual que todos los de este tipo, dejaron oficialmente de funcionar el pasado 22 de marzo debido a la cuarentena que estableció el gobierno de Jeanine Añez para enfrentar la pandemia. Ese día, desde el que han pasado ya más de 100, las 70.000 trabajadoras sexuales del país se encontraron ante la situación de obligada búsqueda de alternativas. Y Susana tuvo que volver a reinventarse después de 15 años ejerciendo la prostitución.

Probó a vender “alguna que otra cosa” en las calles y los mercados para ganarse la vida y poder pagar las cuentas. Pero no tuvo éxito porque, según denuncia, ni la policía municipal ni los sindicatos la dejaron ejercer el comercio informal. Luego pasó a lavar ropa, “cosa que ya no hay”.

“Pero necesito llevarle el pan a mis hijos”, manifiesta. “Me estoy dedicando a hacer llamadas telefónicas. También hay algunos clientes que, cuando los tratas bien, siguen buscándote. Yo estoy saliendo a trabajar una vez a la semana”, relata.

Al igual que muchas personas, Susana tiene préstamos con bancos y un alquiler que pagar. A ello se suma el gasto adicional de Internet para que sus hijos puedan pasar clases virtuales y la incertidumbre del día a día.

“Estamos viviendo  una situación muy lamentable”, afirma. “Para mí es como una película de terror y quisiera pedir a nuestras autoridades que de una vez nos abran el camino para que podamos ejercer el trabajo sexual sin necesidad de exponer nuestra libertad”, reclama.

“Un plato de comida al día”

Marta, de 45 años, sigue el mismo patrón que Susana: ejerce el trabajo sexual en clubes nocturnos desde que cumplió los 30, es padre y madre de tres hijos y, a lo largo de su vida, ha desempeñado todo tipo de labores para poder sacarlos adelante. Sin embargo, ahora ve cómo se le cierran todas las puertas.

Estudió gastronomía y durante un tiempo trabajó en esa área. En la pandemia intentó hacerse un hueco como ayudante de cocina, pero le pagaron 30 bolivianos por dos jornadas laborales maratónicas, cada una de 12 horas.

“Eso ya es explotación laboral. No me alcanza ni para darle un plato de comida a mis hijos”, expresa Marta, quien no desistió y se lanzó a las calles a probar con la venta de  frescos.

“Te botan. He ido al mercado Rodríguez y lo mismo, hasta cierta hora todo es sindicalizado. Una busca formas, quiere trabajar, pero no puede. Es difícil sobrevivir en esta situación”, asegura.

En este contexto, Marta se vio obligada a prestarse plata de familiares y amigos: “pero llega un momento en que ellos tampoco tienen”. La Organización de Trabajadoras Nocturnas de Bolivia (OTNB) la ayudó, a ella y a sus hijos, a mitigar el rugido del hambre con un canastón, pero esas provisiones también se les terminaron hace tiempo.

“¿Sabe qué comemos? Un plato de comida al día. Tengo arroz y huevos. Mis hijos se alimentan igual que yo. Si Dios quiere, ese es nuestro almuerzo; si no hay, una taza de té. En la noche, café con un pan”, retrata Marta sobre la que es su triste realidad y la de muchas de sus compañeras.

Con dificultades para asumir los gastos más básicos como la alimentación, Marta se ve en la imposibilidad de seguir pagando las otras obligaciones que tiene, como  el alquiler y las facturas de luz y agua. Lamenta que ya son tres meses los que le debe a su casera, quien se desentiende de la Ley Excepcional de Arrendamientos, que reduce en un 50% el pago de los alquileres durante el tiempo que dure la cuarentena.

¿De dónde voy a sacar, si no tengo ni para comer?”, se cuestiona, e insta a las autoridades a que, como al resto de sectores, se les otorgue el derecho a trabajar.

“Queremos trabajar legalmente y con las medidas de bioseguridad. Muchas compañeras, por la necesidad, están ofreciendo sus servicios en la vía pública. Eso da a que nos enfermemos, nos violen y nos maten; no hay seguridad ni para el cliente ni para nosotras”, recalca Marta quien, pese a los riesgos, no descarta salir también a la calle.

“Trabajo, no limosna”

Camila tuvo que abandonar sus estudios para ponerse a trabajar hace ya ocho años. Estaba esperando un bebé cuando su pareja la dejó. En ese momento no tenía ni dinero ni a quien recurrir. Se sentía sola, pero con la suficiente fuerza para no caer.

“Soy madre soltera y la necesidad me empujó a ejercer el trabajo sexual, ya que requería de dinero rápido. Me vi obligada a dejar mis estudios para mantener a mi hija”, sostiene Camila, de 28 años y madre de dos niños.

La joven aprovechó la cuarentena total para aprender otras labores, como la repostería. Gracias a algunos tutoriales de Youtube, se entrenó en la elaboración de queques. Los hace de naranja, plátano y chocolate y, aunque asegura, le salen “bien ricos”, la competencia es grande.

“Me está yendo regular, ni bien ni mal. Yo hago cosas bien ricas, pero la gente a veces se va a lo más barato”, indica Camila, que en el mejor de los días ha llegado a hacer hasta 80 bolivianos. “Con mis hijos tengo que ir porque no tengo con quien dejarlos y tampoco me alcanza para contratar a una niñera que me los pueda cuidar”, agrega.

Lo que más le “aprieta”, dice, es el alquiler: “Los dueños no quieren perdonar, quieren todo completo. No quieren la mitad porque, según ellos, no han hecho ningún contrato con el Estado. Estoy trabajando para poder pagarlo, así como los gastos de agua y la luz. Con lo que sobra, estoy dándole de comer a mis hijos”.

Como ocurre con sus compañeras, la situación de Camila se torna, cada día, más “insostenible”. Es así que exige volver a ejercer su trabajo luego de más de 100 días sin poder hacerlo.

“No estamos pidiendo limosna, estamos pidiendo trabajar. La mayoría somos padres y madres de nuestros hijos. Pedimos hacerlo con seguridad y legalmente. Desde que ha habido el VIH/Sida este es el sector que más se ha cuidado y ha cuidado al cliente. Pasamos médico cada dos semanas para nuestros controles y tenemos nuestras libretas”, apostilla.

“Exigimos un derecho”

La presidenta de la OTNB, Lily Cortez, denuncia que la falta de trabajo está empujando a muchas mujeres a recurrir a las calles y a los alojamientos de forma clandestina, donde arriesgan sus vidas, su integridad y su libertad.

“Por querer llevar el pan a sus casas, compañeras y locales están siendo saqueados tanto por seguridad ciudadana, como por las alcaldías. Hay compañeras que han sido detenidas y metidas presas acusadas de atentar contra la salud pública”, critica Cortez.

“No pueden trabajar así. Además que no estamos pasando ni los controles sanitarios por la pandemia (…) No estamos pidiendo un favor, sino un derecho que nos corresponde. Necesitamos un documento que nos permita trabajar legalmente, con controles y con el permiso del Ministerio de Salud”, exige Cortez.

Exigen levantamiento de  restricciones y que les permitan trabajar

Luego de realizar una protesta, el pasado 17 de junio, en puertas del Ministerio de Salud para exigir que las dejen trabajar, las representantes de la    Organización de Trabajadoras Sexuales de Bolivia se reunieron con las autoridades de esa cartera de Estado para analizar la propuesta que busca implementar un protocolo de bioseguridad para el ejercicio del trabajo sexual.

“Las autoridades han mandado nuestro protocolo a una epidemióloga de  Inlasa (Instituto Nacional de Laboratorios de Salud),

quien lo va a evaluar para ver si hay que implementar más medidas de bioseguridad. Ella es quien tiene ahora la última palabra”, sostuvo la presidenta de la Organización de Trabajadoras Nocturnas de Bolivia (OTNB), Lily Cortez.

Aseguró que desde la cuarentena el sector entró en una crisis que cada día se está volviendo más insostenible, por lo que pide que se levanten las restricciones a sus actividades.

“Sabemos que hay contacto directo, pero como podrá ver la población y la sociedad de la que somos parte, todo es contacto directo: desde la  venta de comida hasta las salas de masaje. Como ellos, nosotras también tenemos el derecho a trabajar”, enfatizó.

Explicó que el protocolo que plantean incluye una serie de medidas de bioseguridad y procedimientos de higiene que les permitan volver a trabajar salvaguardando su salud y la de los clientes. Entre otras, están la utilización de guantes, barbijos y desinfectantes de uso personal.

“Las camas van a estar con cobertores de cuerina que al terminar la actividad del servicio sexual se va a desinfectar totalmente. Las compañeras tienen ya trajecitos de bioseguridad transparentes y atractivos”, acotó Cortez./Portal Página Siete.

LO MÁS VISTO