Con base a estadísticas oficiales del INE, durante la gestión 2017, se produjeron en Bolivia 25.498 accidentes de tránsito; según datos de la Defensoría del Pueblo, sólo en el primer trimestre del 2019, hubo 1.106 hechos y accidentes de tránsito, con 260 personas fallecidas y 1.556 personas heridas. Datos de 2018 reportaron 3.240 accidentes: 622 fallecidos y 4.059 heridos. De esas temibles cifras, no cabe duda que una de sus causas determinantes, es el deficiente mantenimiento de los vehículos.
De ahí que, la revisión técnica vehicular que anualmente se realiza adquiere importancia capital, si se trata de prevenir en alguna medida aquellos luctuosos resultados, lo que debiera obligar a quienes cumplen esa función, lo hagan por lo menos, en términos razonables, huyendo de la arbitrariedad y discrecionalidad y, por supuesto de la corrupción. Por un lado, debiera consistir realmente en una revisión sobre el estado de funcionamiento de cada vehículo, sin distinciones de ningún tipo y menos, mediante estructuras corruptas que terminen permitiendo la circulación de unidades no aptas (fundamentalmente del servicio público) y, por otro, como hace a la relación entre el estado y el ciudadano, debiera garantizarse que la administración no sea ni arbitraria y peor discrecional, vulnerando los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Sensiblemente, ocurre precisamente aquello que debiera evitarse. Anualmente, los ciudadanos somos sometidos a una suerte de trato cruel y degradante por parte de la administración pública – Tránsito, mediante sus oficinas de recaudaciones- que no hacen más que vulnerar sistemáticamente nuestros derechos fundamentales, a la vista de las instituciones de defensa, como por ejemplo la Defensoría del Pueblo u otras similares que no cumplen su rol, pese a las sistemáticas quejas ventiladas en los medios de comunicación y RRSS; aunque en alguna medida, muchos ciudadanos que no reclaman sus derechos y toleran esos abusos (“así no más es”, dicen tontamente), contribuyen a esa situación.
Más allá de la simpleza de reparar sólo en los plazos (obviamente, si acudes al inicio habrá menos posibilidad de sufrir, parte, de esos malos tratos), sostengo se trata del ejercicio de nuestra ciudadanía. Adviertan que como toda actividad estatal, la revisión debe estar revestida de la garantía constitucional y convencional de legalidad, por la que entre otras emergencias, la administración DEBE informar por escrito y por adelantado, cuales son EXACTAMENTE TODOS los requisitos exigibles, con base a alguna norma legal previa, de forma que unos y otros (administración y ciudadanía) sepamos a qué atenernos cuando acudimos a esa revisión, peor si para ello, perdemos nuestro valioso tiempo en largas filas de varias horas.
Si bien se publican formalmente algunas de las exigencias (pago, brevet, carnet, SOAT, botiquín y caja de herramientas) a la hora de la revisión en cuestión y dependiendo de la cara del pecador y del humor del funcionario, resulta que luego de varias horas de fila, éste suele exigir otros requisitos o no previstos (auto limpio, por ejemplo, como si fuera una pasarela de modelos) o no previamente especificados en detalle: en el botiquín guantes quirúrgicos o barbijo y ni que decir de otros elementos que van dependiendo de la voluntad del funcionario. Tratándose de las herramientas, tampoco están previamente identificadas. ¿No sería más inteligente que por adelantado sepamos ambas partes lo que debemos llevar? ¿O será que esa discrecionalidad se la genera a propósito para que algunos delincuentes paguen una coima para saltarse el flamante requisito? ¿Es una estructura basada en la corrupción de unos y otros? Peor es la situación cuando no se respeta el derecho preferencial que adultos mayores tienen, pude ver incluso que por no tener guantes les obligaron a repetir al día siguiente nuevamente la fila, cuando a otras personas observadas les otorgaron el certificado directamente. ¿Por qué ese tratamiento discriminatorio? El trato despótico al ciudadano no se produce sólo cuando algún tirano pretende mañosamente atarse al poder sine die, sino también en situaciones como estas, en las que el ciudadano es tratado por la administración como objeto y no como ser humano. Urge una reforma profunda a ese sistemático trato cruel y degradante que la Policía nos propina anualmente a los ciudadanos. “No hay abuso que se repita sin que medie para ello el consentimiento de la víctima, sea por miedo, ignorancia o simplemente apatía”.Magie TALAVERA
por: Arturo Yáñez Cortes
REVISION TECNICA VEHICULAR: TRATOS CRUELES Y DEGRADANTES
