El ex presidente peruano Alan García se suicidó para evitar ser detenido


El líder aprista de 69 años estaba internado en el hospital Casimiro Ulloa de Lima por un disparo en la cabeza

El ex presidente peruano Alan García se suicidó para evitar ser detenido

El ex presidente peruano Alan García se suicidó para evitar ser detenido
miércoles, 17 abril 2019 - 11:28 AM - Agencias


El ex presidente peruano Alan García se suicidó este miércoles con un disparo de bala en la cabeza, momentos después de ser intervenido por la policía con una orden de arresto preliminar por las investigaciones del caso Odebrecht.

El lider aprista, quien gobernó Perú en los períodos de 1985-1990 y 2006-2011, se disparó cerca de las 6 de la mañana, cuando los agentes allanaron su domicilio y se aprestaban a detenerlo. Tras casi cuatro horas en cuidados intensivos del hospital Casimiro Ulloa, las autoridades anunciaron su fallecimiento.

«El ex presidente tomó la decisión de dispararse», confirmó su abogado Erasmo Reyna a los periodistas en la entrada de la sala de emergencias. En la víspera, García afirmó en entrevista con la emisora RPP que «sería una gran injusticia» que se dicte una orden de detención en su contra

Un equipo de la policía llegó a su domicilio cerca de las 6 de la mañana (11 GMT) con una orden de allanamiento y, posteriormente, se le informó sobre la orden de detención. «El señor García Pérez, indicando que iba a hacer una llamada a su abogado, ingresó a su habitación y cerró la puerta. A los pocos minutos, se escuchó el disparo de un arma de fuego. La policía forzó el ingreso a la habitación y lo encontró en posición de sentado con una herida en la cabeza», informó el ministro del Interior, Carlos Morán. Las autoridades aseguraron que el procedimiento cumplió con el protocolo necesario y los oficiales se identificaron correctamente.

Testigos consultados por la televisión peruana indicaron que García entró cubierto por una manta roja y, poco después, su hijo ingresó rápidamente al hospital, sin dar declaraciones. Policías acordonaron la zona y se registraron algunos disturbios entre simpatizantes de García.

En noviembre pasado, García intentó eludir la investigación y solicitó asilo en la embajada uruguaya, pero Montevideo rechazó su pedido. La Justicia le aplicó un impedimento de salida del país por 18 meses mientras avanzan las investigaciones del caso Odebrecht, en particular sobre la licitación para la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.

Junto a García, también se ordenó la detención de Luis Nava, secretario presidencial bajo el Gobierno del líder del partido aprista, y Miguel Atala, ambos estrechos colaboradores del ex presidente y señalados como sus testaferros.

En los últimos días, el portal IDL-Reporteros reveló los millonarios depósitos de la constructora brasileña al ex secretario de la presidencia de García durante su segundo gobierno (2006-2011). Al respecto, se defendió afirmando que ningún documento lo mencionaba.

Antes de emitirse la orden de detención, García había declarado el martes que no se asilaría ni escondería, en tácita alusión al frustrado asilo que pidió a Uruguay.

En los años 90, luego de un gobierno de largos fracasos económicos (1985-1990), se refugió en Colombia y luego en París para evitar un juicio por presunto enriquecimiento ilícito, en momentos de inestabilidad democrática y política por el autogolpe de Alberto Fujimori, que supuso la intervención del Poder Judicial. Volvió al país en el 2001, cuando perdió en un ballotage ante Alejandro Toledo. Cinco años después, venció a Ollanta Humala y volvió a gobernar por cinco años.

En el 2016, intentó regresar a la Presidencia, en alianza entre el APRA y el Partido Popular Cristiano, pero su candidatura solo alcanzó el 6% de los votos. (INFOBAE)

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Justicia

Caso Bebé Alexander: Comisión legislativa evidencia retardación de justicia

Caso Bebé Alexander: Comisión legislativa evidencia retardación de justicia
Patricia Pacajes
jueves, 6 diciembre 2018 - 21:24 PM - Agencias


La presidenta de la Comisión de Constitución de Diputados, Mireya Montaño, informó el jueves que se evidenció retardación de justicia en el caso del bebé Alexander en desmedro del médico Jhiery Fernández.

Montaño dijo que se llegó a esa conclusión luego de que el presidente del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Alcón, presentó un informe del proceso.

«El presidente del Consejo de la Magistratura, nos ha venido a explicar sobre el caso de Jhiery Fernández, un caso muy bullado de vulneración de derechos, nos ha explicado que hay responsabilidades sobre la retardación de justicia y la vulneración de proceso hacia Fernández», indicó a los periodistas.

El Consejo de la Magistratura inició en septiembre una auditoria jurídica del caso mencinado a través de la Dirección Nacional de Control y Fiscalización, para establecer la autoría de supuestos delitos o faltas cometidas por funcionarios jurisdiccionales que intervinieron en el proceso judicial del caso mencionado.

«Por ejemplo, el presidente del consejo nos dijo que el caso ha tenido 187 audiencias, de ellas 90 fueron suspendidas por la inasistencia del juez, el fiscal o porque no se hicieron las notificaciones correspondientes, y sólo dos veces porque el imputado no se hizo presente ya que tenía otra audiencia y ahí se ve la retardación de justicia», señaló.

La legisladora añadió que Alcón explicó sobre las responsabilidades que han tenido los jueces, fiscales y el personal subalterno del Órgano Judicial en el caso, ya que estos no habrían hecho las actas de notificación, por lo que afirmó que estos funcionarios ya están siendo sancionados.

A mediados de noviembre, el Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz concedió la libertad pura y simple a Fernández, quien ahora busca anular la sentencia de 20 años de cárcel que recibió sin pruebas científicas por la presunta violación al bebé Alexander./ABI


Política

Diputado: Glencore va por el camino Quiborax, puede ganar $us 1.200 MM

Diputado: Glencore va por el camino Quiborax, puede ganar $us 1.200 MM
jueves, 21 junio 2018 - 18:35 PM - Agencias


El diputado opositor Amilkar Barral advirtió este jueves que la demanda de la firma suiza Glencore Finance contra el Estado boliviano, va por el mismo camino de la chilena Quiborax, con el riesgo de que Bolivia pierda el juicio ante la Corte de Arbitraje en La Haya, y acabe pagando ya no 675 millones de dólares inicialmente solicitados, sino cerca de 1.200  millones, tomando en cuenta los intereses y otros ítems actualizados.

Dijo que ha revisado las 161 páginas de la demanda y algunos actos de la defensa boliviana y advierte que “hay una gran probabilidad que perdamos la demanda, porque (el gobierno) está haciendo una defensa similar a la Quirobrax.  Imagínense Quiborax con 1 millón ha sacado 42 millones, la Glencore que es un monstruo a nivel mundial, no va perder plata por la falsa nacionalización de Vinto y Colquiri”, advirtió.

Manifestó sin embargo, que quiere dar el beneficio de la duda y en ese sentido el pasado miércoles solicitó a la presidenta de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Nelly Lenz, citar en el plazo de 10 días al Procurador Pablo Menacho para una petición de informe oral donde explique la defensa boliviana tras la demanda que fue planteada en agosto de 2017.

Lamentó que durante cuatro meses, el actual ministro de Justicia Héctor Arce, habiendo sido exProcurador que vio el tema, haya eludido un acto de fiscalización y a dos de verificarse una interpelación, respondió que el caso le corresponde no a él,  sino al Procurador General del Estado, y «como es jefe de la justicia en Bolivia y se vino el caso Quiborax» lo dejaron pasar.

“Si ahora están haciendo un show por 42 millones de dólares y culpando a Carlos Mesa por el caso Quiborax;  a quién va a culpar por los 1.200 millones. Vinto y Colquiri  han sido ‘nacionalizadas’ en la época de Evo Morales. ¿Le van a culpar a Evo Morales? Eso queremos preguntarle”, declaró a Erbol.

Espera que el Procurador vaya a explicar y garantizar que los 1.200 millones de dólares “no se van a perder, que no lo vamos a pagar los bolivianos y que no nos vengan a contar cuentos”.

En mayo de 2012, el presidente Morales procedió por decreto a la expropiación de la mina Colquiri, por la cual la Glencore pide una indemnización de  387,7 millones de dólares.

Lo mismo ocurrió con Vinto y exige el pago de 57,7 millones. La Glencore denunció la apropiación de 161 toneladas de concentrados de estaño y pide compensación por  el terreno, edificaciones y mejoras en la fundición de antimonio y 600 mil dólares por la reserva de estaño a abril de 2010.

En diciembre del año pasado, la Procuraduría interpuso observaciones señalando que los cálculos económicos estaban inflados, tienen errores y un carácter especulativo. Sin embargo el diputado  Barral dijo tener información que Bolivia ya virtualmente ha perdido el juicio y exige aclaraciones de las autoridades del Ejecutivo. (ERBOL)


Política

Leyes participa de la apertura de pruebas por el caso Mochilas II

Leyes participa de la apertura de pruebas por el caso Mochilas II
martes, 5 junio 2018 - 23:02 PM - Agencias


El alcalde titular José María Leyes se presentó esta tarde a la audiencia de apertura de pruebas del denominado caso “Mochilas Chinas II” en la Fiscalía de Cochabamba. Esta es la segunda investigación que lleva adelante el Ministerio Público contra el burgomaestre por presuntas irregularidades en la compra de 91.300 mochilas escolares la gestión 2017.

Uno de los abogados de Leyes, Alberto Trigo, señaló que plantearon la nulidad del proceso por considerarlo ilegal.

“No hemos sido notificados, es un acto ilegal que vulnera derechos constitucionales. No se ha secuestrado los documentos y las computadoras con una orden adecuada; por lo tanto, hemos planteado un recurso de apelación incidental, que vamos a formalizar por escrito en el plazo de tres días”, informó.

El jurista explicó que la autoridad edil se retiró de la audiencia porque no están de acuerdo con el procedimiento.

“Hemos pedido permiso a la juez para no asistir a lo que viene porque no estamos de acuerdo con este acto ilegal”, acotó.

Trigo adelantó que Leyes fue notificado para prestar su declaración informativa mañana en la Fiscalía por este caso.

Respecto al anuncio del representante del Viceministerio de Transparencia de Cochabamba, Ever Veizaga de que solicitarán la aprehensión del alcalde titular mañana, el abogado calificó de “ilegal” las declaraciones.

“Eso vendría a ser persecución política. El alcalde tiene detención domiciliaria. El artículo 126 del Código Procedimiento Penal claramente indica que la facultad de aprehensión es cuando hay posibilidad de fuga. ¿Cómo va ver eso cuando alguien detención domiciliaria?”, cuestionó.

Al lugar también llegó el exsecretario de Desarrollo Humano Andrés Cuevas en calidad de veedor y la concejala del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rocio Molina como testigo.

En tanto que el exsecretario de Gobernabilidad Sergio Coca llegó a recoger una citación para declarar por el caso Mochilas Chinas I en calidad de testigo.(Los Tiempos)


Lo cautelaron mientras está internado

Juez determina enviar a la cárcel al Alcalde de Oruro por caso mochilas

Juez determina enviar a la cárcel al Alcalde de Oruro por caso mochilas
sábado, 12 mayo 2018 - 08:56 AM - Agencias


Tras una audiencia de seis horas en una clínica, el juez Sergio Vásquez determinó enviar a la cárcel de San Pedro de Oruro con detención preventiva al alcalde Édgar Bazán, por el caso mochilas escolares, informó eñ fiscal departamental Mario Rocha.

El alcalde continuará internado en la Policlínica Oruro hasta recuperarse en su estado de salud, para luego cumplir con la medida cautelar tras las rejas.

Bazán está acusado por delitos de corrupción en la compra de unas 40 mil mochilas escolares para el municipio, puesto que las mismas se licitaron bajo la modalidad de apoyo a la producción nacional, pero en realidad fueron traídas desde China.

La audiencia de medidas cautelares se fijó para las 15.00 del viernes 11 de mayo, pero el alcalde no se presentó bajo el argumento de que había sufrido un problema de stress, informó el Viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, quien observó la actitud de Bazán como una obstaculización a la justicia.

La Alcaldía sostuvo que la salud de Bazán se deterioró por la presión del proceso, no obstante, el juez declaró rebelde al alcalde y ordenó su aprehensión, la misma que se hizo efectiva en la Policlínica, donde fue internado en horas de la tarde.

La autoridad judicial decidió que la audiencia cautelar se realice en la misma clínica. Los abogados se trasladaron al cengro de salud y el acto procesal comenzó cerca de las 20.00 del miércoles y terminó pasadas las 02.00 de este sábado.

La Fiscalía pidió la detención preventiva del alcalde, y el juez determinó otorgar ese pedido. Se esperará que Bazán tenga el visto bueno de los médicos para ejecutar su reclusión.  (ERBOL)


Vino a Bolivia amparado por un convenio internacional

‘Techo de paja’ está quebrado y busca libertad condicional, dice su abogado

‘Techo de paja’ está quebrado y busca libertad condicional, dice su abogado
viernes, 20 abril 2018 - 15:55 PM - Agencias


“Está totalmente quebrado, delicado de salud por los 27 años de cárcel y vino a Bolivia acogiéndose a un convenio internacional que le otorgó libertad para ser trasladado al país”. Así describió Fernando Mealla, abogado de Jorge Roca Suárez, más conocido como “techo de paja” condenado por narcotráfico en California-EEUU a 35 años y 5 meses de privación de libertad.

Mientras conversa con Erbol, revisa los alcances de la resolución de un juez de Estados Unidos que autorizó la transferencia a Bolivia que fue solicitada por “techo de paja”,  para ser traído directamente a la cárcel de San Pedro, donde actualmente está detenido en la sección La Posta en la ciudad de La Paz.

Cuenta que Roca Suárez tiene más de 65 años y se encuentra bastante deteriorado al haber sido sometido 27 años a trabajos forzosos. “Tenía que trabajar ocho horas de manera obligatoria, porque la cárcel no es como en Bolivia, donde uno sale al patio a tomar sol”, relató.

“Él vino por el amor a sus hijos, porque estuvo hace años separado; ni él pudo venir a ver a sus hijos ni sus hijos pudieron viajar allá”,  afirma Mealla al dar cuenta que Roca Suárez aprovechó su tiempo en la cárcel de Estados Unidos para obtener la profesión de abogado.

ESTRATEGIA DE LIBERTAD

Dijo que por ahora buscan documentación que les permita asumir defensa para que en cumplimiento del mismo convenio internacional, pueda conseguir su libertad con cualquiera de los beneficios que otorga el país receptor, en este caso Bolivia.

Mealla habla de la conversión de penas y si en Bolivia estuviera condenado por el delito de narcotráfico la máxima sanción es de 25 años, pero él ya estuvo 27 años preso, indicó.

Además la ley boliviana otorga también la libertad condicional cumpliendo las dos terceras partes de la condena que su cliente  – según dijo – también lo tiene cubierto, así como reúne requisitos para ingresar al sistema de redención de penas y solicitar su libertad condicional.

Consultado sobre los procesos anunciados por la Fiscalía de Santa Cruz, dijo que los mismos “no tienen ni pies ni cabeza, porque el convenio internacional que facilitó el traslado, dice que no podrá abrirse otro proceso por el cual fue condenado en otro país.

En torno a un posible juicio por enriquecimiento ilícito, considera que sería un invento de quienes lo acusan; primero, porque hace 27 años esa figura no existía en el ordenamiento jurídico y, segundo, porque no existe posibilidad de cometer el delito estando en un penal americano, donde no se puede hacer trabajos particulares.

Aclaró además que si existieran procesos, estos podrían ser en base a la documentación que mandaron de Estados Unidos, donde ya fueron utilizados para imponer la sentencia que fue purgada, además que el cumplimiento de la pena es de manera concurrente.

El abogado defensor por ahora está empeñado en la estrategia de la libertad y luego ver sus bienes que habrían sido confiscados y la situación legal de los mismos.

Roca Suárez fue  uno de los mayores narcotraficantes en la década del 1980 y era  considerado parte de una vasta red de distribución de cocaína junto a su tío Roberto Suárez Gómez, más conocido como el “rey de la cocaína”. (ERBOL)


Legisladores ratifican que célula terrorista intentó dividir a Bolivia en 2009

Legisladores ratifican que célula terrorista intentó dividir a Bolivia en 2009
lunes, 16 abril 2018 - 14:24 PM - Agencias


A nueve años del operativo policial en el hotel Las Américas de Santa Cruz, los diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS), David Ramos y Julio Huaraya, ratificaron el lunes que una célula terrorista intentó entonces dividir a Bolivia.

«Los bolivianos tenemos que recordar los hechos ocurridos en 2009, cuando los grupos de poder, conservadores del oriente, contrataron a terroristas para fracturar Bolivia», dijo Ramos.

En abril de 2009, la Policía Boliviana desbarató una célula terrorista tras un operativo en el hotel Las Américas, después de descubrir que ese grupo criminal tenía planeado dividir el país por intereses económicos, políticos y sociales de grupos empresariales de esa región oriental.

Ramos dijo que esos hechos fueron evidenciados por una investigación que realizó una comisión mixta de la Asamblea Legislativa, en ese entonces, y que establecen grados de responsabilidad.

Por su parte, el diputado oficialista Huaraya dijo que hoy no se puede decir que en ese operativo del hotel Las Américas no hubo violación de los derechos humanos, como se lo hacía antes con exdirigentes que fueron víctimas de las dictaduras.

«Hoy los políticos de la oposición se declaran perseguidos políticos y es una manera de escapar del país, como cuando han querido dividirnos, por eso creo que no se está violando el derecho humano de nadie, sino que solo son sectores opositores que se sienten perseguidos cuando se les exige que cumplan con sus responsabilidades», indicó. (ABI)


Asegura que tiene pruebas

Exjefe policial ofrece declarar en CIDH por ejecución en Hotel Las Américas

Exjefe policial ofrece declarar en CIDH por ejecución en Hotel Las Américas
lunes, 16 abril 2018 - 14:11 PM - Agencias


El excomandante de la Policía, Ciro Farfán, manifestó su disposición para presentarse como testigo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se investiga la presunta ejecución extrajudicial de Eduardo Rózsa, Arpad Magyarosi y Michael Dwyer el 16 de abril de 2009 en el Hotel Las Américas.

En entrevista con ERBOL, el general Farfán afirmó que lo ocurrido en el hotel cruceño hace nueve años es una “ejecución extrajudicial” y ratificó que quien ordenó la misma es Jorge Santiesteban, quien entonces era Director Nacional de Inteligencia.

“Este sujeto de nombre Jorge Renato Santiesteban Claure es al asesino, es el responsable de la muerte del Hotel Las Américas”, dijo.

Hace dos semanas se conoció que la CIDH admitió la denuncia por la presunta  ejecución extrajudicial en el Hotel Las América y violaciones a derechos humanos de los detenidos del caso terrorismo. Farfán expresó su disposición para atestiguar con pruebas ante dicha entidad.

“La CIDH ha admitido el caso. Me notificarán, pienso yo. Como quiera que mis declaraciones tienen fundamento y tienen respaldo”, sostuvo.

Recalcó que como ciudadano tiene la obligación de colaborar con sus informes a las instituciones que lo convoque. Desafió a Santiesteban a salir en público para desmentirlo.

Farfán señaló que avalará su testificación con pruebas que están en su posesión, sin embargo, aclaró que la “parte política” no la tocará, aunque no descartó hacerlo en el futuro. Indicó que los medios de comunicación ya demostraron quién estuvo “detrás” en este caso.

El general recordó que en 2009 era comandante regional de El Alto, y que un viceministro los llamó para custodiar a los dos sobrevivientes del asalto al Hotel Las Américas: Elöd Tóásó y Mario Tadic.

Aseveró que tras recibir la llamada, gestionó que sus superiores le autoricen actuar y se comunicó con el comandante departamental, quien dijo no saber nada del operativo del 16 de abril, y que éste a su vez se comunicó con el comandante general de entonces, Víctor Hugo Escobar, quien tampoco sabía de lo ocurrido en el hotel.

Con ese argumento, sostuvo que Santiesteban actuó de forma unilateral, puesto que no se tomó en cuenta el conducto regular de la Policía. (ERBOL)


Soza en interrogatorio expuso dudas e irregularidades del caso terrorismo

Soza en interrogatorio expuso dudas e irregularidades del caso terrorismo
domingo, 15 abril 2018 - 20:18 PM - Agencias


Al cumplirse este lunes nueve años de la incursión policial al Hotel Las Américas, conocido por el caso terrorismo, este fin de semana se conoció el contenido de un interrogatorio de 33 preguntas al que voluntariamente se sometió el exfiscal asignado Marcelo Soza, en el que relata ante la Embajada de Hungría en Brasilia, escenas de violación a los derechos humanos y otras irregularidades. Incluso llegó a poner en duda que el grupo de Eduardo Rózsa haya cometido el atentado a la casa del cardenal Julio Terrazas, que motivó el operativo del 16 de abril de 2009.

La confesión del exfiscal cobra relevancia luego que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitiera la denuncia de los únicos sobrevivientes al asalto al Hotel Las Américas, Elöd Tósáó y Mario Tadic, y la madre de Michael Dwyer, fallecido entonces, acusando al Estado boliviano en la persona de Evo Morales por “ejecución sumaria” y violación a los derechos humanos, como un paso previo a un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El testimonio está fechado el 14 de agosto de 2014 y tiene la firma del cónsul de Hungría, Mihály Dudás. Fue certificada el 22 de septiembre por el Departamento Consular de la Embajada de Irlanda y reconocida por en el consulado de Bolivia en Viena-Austria, por la responsable Elizabeth Ferrel Álvarez, quien inmediatamente le puso al documento el sello “nulo de pleno derecho”, sin dar explicaciones de su decisión.

En su declaración, Soza señala que había signos de tortura y de violación de derechos humanos en el caso del húngaro Elöd Tóásó y el croata-boliviano Mario Tadic, cuando fueron arrestados en el Hotel Las Américas y posteriormente trasladados hacia el aeropuerto “El Trompillo” de Santa Cruz con dirección a la ciudad de La Paz.

Dijo que durante las audiencias medidas cautelares se reclamó sobre la ilegalidad de estas actuaciones, pero la juez de ese entonces (Betty Yañíquez, actualmente diputado del MAS en La Paz) convalidó las pruebas y otros aspectos.

Ratificó que las pruebas recogidas en el Hotel Las Américas fueron obtenidas ilegalmente, ya que la incursión policial se desarrolló sin presencia del Fiscal ni existió orden de allanamiento.

Dijo que le instruyeron conducir el tema como un asunto Estado y quienes manejaron toda la información fueron Raúl García Linera y los funcionarios Juan Carlos Núñez del Prado y Luis Clavijo, y que en hotel estaban hospedados militares venezolanos y el piloto del Presidente, y pese a sus observaciones siguió adelante cumpliendo instrucciones superiores.

Soza insistió en que por “instrucciones superiores” no pudo conocer la nómina de policías que incursionaron al Hotel Las Américas, pero por medios de prensa conoce la participación del capitán Walter Andrade y la policía Marilyn Villca.

No sabe quiénes atentaron la casa del Cardenal

El proceso por el caso terrorismo se basa en el argumento de que Rózsa y su gente perpetraron un atentado con explosivo en la casa del Cardenal Terrazas en la noche entre el 14 y 15 de abril, sin embargo, surgieron versiones de que el presunto grupo irregular ni salió del Hotel en ese periodo de tiempo.

Soza, quien en su imputación acuso a Rózsa por el atentado, aseveró en su declaración que no sabe quién participó de esa explosión, porque el gobierno no le daba información y si lo hace era sesgada. Agregó que se alteraron placas de vehículos y que había contradicciones entre declaraciones de testigos y el informe policial. “No se puede decir que ellos sean los responsables”, manifestó.

El exfiscal señaló también que la participación de funcionarios de gobierno en este caso “comprometen las pruebas y la escena del crimen la misma que podría ser montada o prefabricada”. Como ejemplo de las irregularidades, mencionó que se apagaron las cámaras de seguridad del Hotel.

El proceso en Bolivia se encuentra en  el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, pero sesiona en la ciudad de Santa Cruz.

Tras la admisión de la CIDH, el caso retomó un cariz político porque no solo apunta como posibles responsables al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera, al tener bajo su mando los organismos policiales que actuaron sobre el Hotel Las Américas, la madrugada noche del 16 de abril de 2008. (ERBOL)


Argentina

Ayudante del fiscal Nisman procesado niega "rotundamente" los cargos por su muerte

Ayudante del fiscal Nisman procesado niega
miércoles, 27 diciembre 2017 - 10:49 AM - Agencias


El técnico informático Diego Lagomarsino, colaborador del fiscal argentino Alberto Nisman que fue procesado este martes por la muerte del juez, negó hoy «rotundamente» los cargos que se le imputan y volvió a defender la hipótesis del suicidio.

«No tengo nada que ver con lo que dicen (…), soy inocente«, aseveró Lagomarsino en declaraciones a la prensa a las puertas de su casa, un día después de que el juez Julián Ercolini lo procesara como presunto «partícipe necesario del delito de homicidio simple agravado por el uso de armas».

«Lo niego rotundamente, no es lo que pasó«, «va a ser imposible de probar porque eso no existió», insistió antes de admitir que tiene «miedo» de que finalmente lo envíen a prisión.

El magistrado también le dictó un embargo de sus bienes de 15 millones de pesos (unos 818.000 dólares) y mantuvo la decisión de que porte una tobillera electrónica y de que no puede salir del país.

Además, estableció el procesamiento de Rubén Fabián Benítez, Néstor Oscar Durán, Luis Ismael Miño y Armando Niz, escoltas de Nisman, por presunto incumplimiento de los deberes y encubrimiento.

Nisman, que investigaba el atentado contra la mutualista judía AMIA (ocurrido el 18 de julio de 1994 y en el que murieron 85 personas) apareció muerto con un tiro en la cabeza en enero de 2015, días después de realizar una denuncia contra la entonces presidenta, Cristina Fernández (2007-2015), por presunto encubrimiento a los iraníes acusados por el ataque terrorista.

El colaborador informático ya estaba imputado en la causa por prestarle el arma que acabó con su vida y hoy, como ya hizo en reiteradas ocasiones, aseguró que se la pidió el propio fiscal para proteger a sus hijas y que fue «el último» al que recurrió.

El caso dio un giro después de que la Gendarmería nacional presentara en pasado septiembre un informe elaborado por una junta de especialistas policiales y peritos que estableció que dos personas golpearon, drogaron con ketamina y asesinaron a Nisman en su casa, lo que aleja, según la Justicia, la teoría del suicidio.

Sin embargo, Lagomarsino apuntó este miércoles que considera que «fue más un autodisparo» y, con base en las pericias, pudo ser un suicidio inducido «perfectamente» o, incluso, «un accidente».

El informático afirmó estar «shockeado» por la decisión del juez y admitió que la muerte del fiscal cambió su vida al «cien por cien». EFE